¡Cuanto y cuanto hablan los que no tienen nada que decir!
Jodorowsky
La palabra contratismo no está incluida en el Diccionario de la Real Academia Española, pero la usamos como vocablo despectivo para señalar un contrato amañado desde su concurso público, entre los funcionarios encargados de tal o cual obra pública -bien y servicio también. Para ello procuran un contratista a modo y así obtener un beneficio monetario o material en goce y disfrute particular, como si lo hubiera conseguido con sus propios recursos.
El contratismo ha sido señalado por décadas en México. Las reformas, la modernización, no lo han caducado. Es una práctica sin peligro de extinción, hijo bastardo de lo público-privado. Las constructoras son las empresas mejor cualificadas para estos enjuagues. En el elenco de los últimos años han estado Oceanografía, HIGA, OHL y, por supuesto, Aldesa y Epccor, responsables del Paso Exprés y del socavón que se formó en julio pasado en la pista, como llaman coloquialmente los morelenses a la vialidad que enlaza a la autopista México-Cuernavaca con la autopista del Sol.
Un ejemplo de cómo se cocinan parcialmente los contratos por obra se encuentra en el siguiente enlace online de la revista Proceso (<http://www.proceso.com.mx/194366/contratismo-privilegiado) En el se cuenta como se fraguó el impulso de los segundos pisos de la Ciudad de México, en provecho de dueños de constructoras pertenecientes a la comunidad judía. Y, por favor, no acusar a la revista citada de antisemita.
Casos hay en exceso y el país aguanta. Sólo me referiré a la actuación torpe de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de comunicaciones y transportes, con relación al hundimiento en el Paso Exprés ocurrido el 12 de julio.
En términos de información gubernamental, Ruiz Esparza tenía a su favor varios documentos: la convocatoria de licitación de obra, con todos los detalles y exigencias de la misma, haciéndolo cabeza responsable. Un dictamen que dio por buena la asignación de la obra a la mejor oferta y definió responsables de la ejecución a Altesa y Epccor. Un contrato donde quedan estipulados los compromisos formales. Una bitácora de avance de obra. Supongo un convenio de coordinación con el gobierno del estado de Morelos y el municipio de Cuernavaca, al menos. También un estudio de impacto ambiental refrendado por Semarnat. Todo dispuesto para hacer una obra con durabilidad, que no mostrará sus deficiencias fatales a los tres meses de ser inaugurada.
Por lo que ha comunicado el funcionario en cuestión, éste se ha dedicado a formular su propia exculpación. Decir que fueron las lluvias y el alcantarillado quienes se complotaron para exhibir las deficiencias de la vialidad federal recién “mejorada” es sacarle la vuelta por parte de la primera autoridad responsable. Ya la comparecencia ante legisladores del 22 de agosto, acaecida cuarenta días después, fueron ganas de darle carpetazo.
Dos acciones sin cubrir de manera inmediata de parte de Ruiz Esparza, tras difundirse el colapso de un punto de la carretera: una, permanecer cerca de la familia afectada y demostrar una condolencia activa antes que apática; dos, poner en alerta ante la función pública a las empresas constructoras, suspendiendo sus actividades en México hasta el esclarecimiento cabal de caso. La actuación fue otra. Autoridad responsable y empresas se lavaron las manos. Su proceder ha sido inmoral y con eso dudo que la ley los alcance para darles castigo.
Salud y larga vida y luchar para vivir.
@profesor_F
