Con más de una semana de antelación a su Quinto Informe de Gobierno, el presidente Peña Nieto ha desplegado una intensa campaña de difusión, compuesta por 38 vídeos, con la que pretende convencer a la población de los «logros» conquistados por su gobierno.
Para inundar los medios, radio, televisión y redes sociales, la campaña se rige por el slogan “lo bueno cuenta y queremos que siga contando”, continuidad del utilizado el año pasado donde se escuchaba «Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho», que alude también a la continuidad de un gobierno priísta de cara a las próximas elecciones.
El primer spot difundido fue sobre un ganadero que establece un dialogo con el ejecutivo federal para destacar los beneficios de exportar sus productos a distintas naciones.
Dentro de los spots hechos públicos también se encuentran abordados los temas de turismo nacional, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vivienda, medio ambiente y la reforma educativa.
El bombardeo publicitario no alcanza
Esta intensa campaña publicitaria no desentona de la costumbre de este gobierno federal que desde el inicio de la administración y hasta diciembre de 2016, alcanzó un récord histórico en gasto publicitario al sumar oficialmente cerca de 26 mil millones.
A pesar de ello su nivel de aprobación sigue en niveles muy bajos, incluso después de la operación política que pretendió lavarle la cara al gobierno federal con la captura de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz. Según la Encuesta Nacional Trimestral elaborada por El Universal-Buendía & Laredo, el 68% de los encuestados reprobaron el trabajo de Peña Nieto y solo el 28% manifestaron aprobación.
En la misma encuesta se le preguntó a los entrevistados si consideraban que el país va por buen o mal camino. Solo el 18% de los entrevistados consideró que México va por un buen o muy buen camino.
Esto contrasta con el inicio de la gestión de Peña Nieto cuando contaba con el 54% de la aprobación popular, de acuerdo con la encuestadora Consulta Mitofsky.
Lo que no aparece en la publicidad
A pesar de que hoy seamos bombardeados con cifras y programas exitosos que buscan convencer a la población de los avances que existen en el desarrollo de México, la realidad que vivimos los millones de trabajadores y sectores populares es algo que no se puede ocultar.
El gobierno de Peña permanecerá marcado por los múltiples escándalos de corrupción, que van desde la Casa Blanca, propiedad valuada en alrededor de 122 millones de pesos, registrada a nombre de su esposa Angélica Rivera y construida por Grupo Higa, uno de los principales contratistas del gobierno federal.
Pero más recientemente con el caso Odebrecht, empresa de la que Lozoya, ex director de Pemex, habría recibido 10 millones de dólares como soborno destinados a la campaña de Peña Nieto en 2012, y el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca donde perdieron la vida dos personas, que relaciona a una de las también empresas favoritas del gobierno federal, Aldesa.
Otro de los elementos que destaca negativamente a cinco años de su gestión, son los resultados de la estrategia de seguridad, continuidad de la política de militarización de Calderón, que sigue sumando miles de muertos, desaparecidos y desplazados.
Tan solo en enero de este año, según las cifras oficiales y el informe del semanario ZETA, se registraron 3,006 víctimas de homicidios dolosos relacionadas con el narcotráfico. Como cifra reconocida de cincuenta meses de gobierno, de enero de 2012 a enero de 2017, había resultado 90,649 ejecutados.
A ello se le suman los casos de represión y desaparición forzada que han evidenciado el actuar de las fuerzas de seguridad del Estado. Desde la gran crisis del régimen que significó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el 2014, caso aún irresuelto, pero también los casos más cotidianos en todo el país.
Relacionado a ello, no se puede dejar de lado, el ascenso de la violencia contra trabajadores de la comunicación, que hasta ahora solo en este año ha cobrado la vida de nueve personas por su labor periodística. En el sexenio suman 36 las víctimas.
Para explicitar la relación entre los ataques a comunicadores y las amenazas a la libertad de expresión y protesta que el gobierno de Peña Nieto representa, basta recordar el escandalo que recorrió las redes sociales el pasado junio con el hashtag #GobiernoEspía, luego de que se revelara el uso por parte de autoridades a nivel federal y en varios estados del software Pegasus para el espionaje a activistas y periodistas.
La reforma educativa es uno de los ejes centrales de la campaña publicitaria, sin embargo, no esta presente que fue impuesta a «sangre y fuego» incluso, cobrando la vida de varios maestros, pues estos no fueron tomados en cuenta y en cambio se establecieron importantes ataques a sus derechos laborales.
Además, maestros y especialistas en educación han remarcado incansablemente que el nuevo modelo educativo no toma en cuenta las necesidades educativas de los alumno en cambio con los “nuevos aprendizajes clave”, pone la enseñanza al servicio de las necesidades de las grandes empresas, lo que significa un avance en la privatización.
Finalmente, aunque Peña remarca los avances económicos esto esta lejos de ser una realidad para la mayor parte de la población pues la desigualdad social es uno de los elementos con mayor crecimiento. De acuerdo al Panorama social de América Latina 2016, dos tercios de los activos físicos y financieros en México están en manos de 10% de las familias del país, y el 1% concentran más de un tercio.
Así, el 90% de las familias mexicanas llegamos al último año del sexenio padeciendo una deuda de casi el 50% del Producto Interno Bruto (PIB), un profundo deterioro del salario que vive los impactos de la inflación; el aumento constantemente de la pobreza, la precarización laboral y una tasa de desempleo de 4% según cifras oficiales.
Efectivamente, «lo bueno cuenta» pero para los trabajadores, jóvenes, mujeres y campesinos pobres la realidad es que no hay nada que contar. Flora Ramírez/ACTUALIDAD/Política México
