La decisión también incluye en el proceso a la esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva; al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto; al expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y a otros cuatro ejecutivos de esa empresa.
Según la Fiscalía de Brasil, a cambio de ser favorecida con tres contratos para obras en refinerías de Petrobras, la OAS, ya condenada por los desvíos en la estatal, aceptó reformar y amueblar un apartamento en la playa por el que Lula da Silva sólo pagó una cuota inicial, así como pagar por cinco años el depósito alquilado por el expresidente para guardar los regalos que recibió durante su Gobierno.
La acusación agrega que, sumados los gastos con el alquiler del depósito y las reformas del apartamento de playa, Lula recibió cerca de 3.7 millones de reales (unos 1.12 millones de dólares) en ventajas indebidas de la OAS.
Sergio Moro aclaró que la aceptación de la denuncia no significa que se está admitiendo la responsabilidad criminal de los acusados, que tiene que ser demostrada por la Fiscalía, y dijo que necesita dejar eso claro debido a que la presencia de Lula da Silva entre los acusados «pueden darle al caso reacciones de toda especie fuera del proceso».
Según Lula da Silva fue acusado por la Fiscalía de ser el «máximo comandante de la red de corrupción en Petrobras», la denuncia en su contra es parte de una reacción de sus adversarios políticos al éxito de su Gobierno en la lucha contra la pobreza.
«Soy consciente de que mi fracaso habría agradado a mis adversarios. Lo que despertó la ira fue el éxito de un Gobierno que ejecutó la mayor política de inclusión social del país».
