Pruebas sólidas y una argumentación fehaciente presentadas por la Agente del Ministerio Público fueron determinantes para que Jueces de Control iniciara un proceso penal en contra de tres presuntos responsables del robo a mano armada de dos vehículos, joyería y dinero.
Las diversas indagatorias ministeriales establecen que la madrugada del 24 de agosto, Abel T. R., Manuel Alejandro M. M. y Francisco Andrés B. S., ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Junta de los Ríos.
Con armas de fuego amenazaron al morador, a quien amarraron de pies y manos, le taparon la cabeza con ropa y amenazaron con cortarle los dedos si no seguía sus instrucciones.
Los imputados lo obligaron a endosar las facturas de un vehículo Nissan, Sentra, modelo 2003 y una camioneta Ford, Ranger, pick up, 1993, automotores en los que huyeron no sin antes apoderarse de joyería y de una tarjeta de débito con la que realizaron compras en distintas tiendas por un monto de 10 mil pesos.
En el seguimiento de la denuncia que interpuso el afectado ante la Fiscalía de Distrito Zona Centro, iniciaron las indagatorias correspondientes y se logró recuperar ambos automóviles en distintos hechos, así como algunos de los artículos sustraídos que fueron empeñados en una empresa.
Las pruebas testimoniales, análisis morfológicos de imágenes grabadas en videocámaras, entrevistas, aunado a un trabajo de campo y gabinete fueron determinantes para obtener las identidades de los presuntos responsables.
Abel T. R., Manuel Alejandro M. M. y Francisco Andrés B. S., fueron capturados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en distintos hechos en el mes de septiembre a través de órdenes de aprehensión giradas por un Juez de Control.
En el desarrollo de la audiencia de vinculación a proceso, la Agente del Ministerio Público demostró la probable responsabilidad de los tres sujetos en los delitos de secuestro exprés y robo agravado, ilícitos por los cuales se les dictó prisión preventiva hasta que concluyan las indagatorias y de ser encontrados penalmente responsables podrían alcanzar una pena mínima de 57 años de cárcel.
