Durante ese lapso, la Secretaría de Hacienda fijará los precios máximos en las regiones donde todavía no se hayan liberalizado los precios, y en aquellas donde sí también los podrá fijar si se determina que hay precios excesivos que afecten a los consumidores.
En el documento se indica que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con aval de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), determine “el ritmo de la liberalización de los precios para las distintas regiones del país”.
“Dichos precios máximos al público deberán determinarse de manera tal que reflejen los precios internacionales de las referencias del combustible de que se trate y los costos de suministro en la región en cuestión”, señala la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
De acuerdo con la propuesta, que será discutida en el Congreso, Hacienda deberá publicar la metodología que empleará a más tardar el último día de 2016.
El documento detalla que durante 2017 y 2018, cuando la CRE, previa opinión de la Cofece, informe a Hacienda que se han presentado “aumentos desproporcionados en los precios al público de las gasolinas o el diésel, dicha Secretaría podrá establecer precios máximos al público en aquellas regiones o subregiones en que ello sea necesario, con la finalidad de proteger al consumidor”.
En este sentido, se contempla también que cuando la Cofece determine que las circunstancias ameriten iniciar un procedimiento para comprobar si hay la suficiente competencia efectiva en alguna región, se faculte a la CRE para que pueda intervenir, mediante una medida precautoria consistente en establecer un precio máximo al público para el combustible en cuestión para un periodo y región determinada, de tal forma que proteja los intereses de los consumidores.
Para fortalecer el monitoreo de los organismos públicos, se propone establecer que las empresas tendrán
