Desde que tomaron el caso el año pasado, los abogados de Joaquín Guzmán Loera, el capo mexicano del narcotráfico conocido como el Chapo, han montado principalmente una defensa procesal.
Mediante una serie de recursos sobre los duros términos de la reclusión de su cliente y el abrumador desafío que enfrentan para examinar las evidencias en su contra, los abogados de Guzmán han argumentado que sus derechos están en riesgo y que hay pocas probabilidades de que su juicio sea justo.
Sin embargo, en una audiencia del juzgado el 26 de junio, los abogados ofrecieron un primer atisbo de una defensa afirmativa de Guzmán, argumentando que existe evidencia de que puede que su cliente no sea lo que los fiscales federales han afirmado que es durante meses: el jefe máximo del Cártel de Sinaloa de México.
Su prueba para esta afirmación provino de una fuente inusual —el gobierno mismo— y los abogados la usaron para sugerir que Guzmán podría no ser el líder del cártel, sino simplemente un “subordinado” que obedecía las órdenes de alguien más.
A partir del momento en que se llevó a Guzmán a Nueva York para ser enjuiciado ahí el año pasado, la fiscalía de Estados Unidos en Brooklyn ha insistido en que hasta su arresto, el Chapo había sido el narcotraficante más poderoso del mundo, un capo de la droga contradicho esa información, afirmando que a pesar de su reputación puede que Guzmán no haya estado a cargo de su propia organización.
Los fiscales descartaron esta prueba el martes en el juzgado debido a que es de segunda o incluso de tercera mano, y agregaron que estaba plagada de “testimonios de oídas”. No obstante, se vieron obligados a pasársela a los abogados de Guzmán por lo que se conoce como regla Brady, una práctica que exige la divulgación de información que podría resultar favorable para un acusado.
La naturaleza exacta de lo que los informantes señalaron sigue sin conocerse, pero uno de los abogados de Guzmán, Eduardo Balarezo, solicitó al juez Brian M. Cogan en la audiencia que obligara al gobierno a darle más información. Balarezo argumentó que quería conocer los nombres de los informantes y cuándo y dónde se les tomó testimonio, a fin de poder investigar a fondo los argumentos e incorporarlos a su defensa.
