LOS que no saben ni dónde canta el gallo es la gente de Comunicación Social de Morena en el Congreso del Estado, quienes hoy fueron exhibidos por los reporteros, pero no tuvieron ni siquiera los argumentos para contestar por qué enviaron un comunicado que señalaba que el diputado Benjamín Carrera presentó una iniciativa para la creación de una ley de medio ambiente en el estado, a fin de reducir la generación de plásticos como residuos y basura, cuando en realidad lo que dice su iniciativa es que quiere reformar la mencionada ley, para restringir el uso de estos materiales y para crear un fondo estatal que atienda la problemática.
Cuando fueron cuestionados sobre que esta ley ya existe, se aprobó en 2014 y entró en vigor en 2015, ninguno del equipo admitió su error y se hizo el silencio en el grupo, dejando de manifiesto que ni siquiera leen lo que van a leer sus diputados en la sesión.
Fue ayer cuando el legislador Benjamín Carrera Chávez propuso hoy eliminar de Chihuahua la creación de materiales de único uso, a través de la modificación de varias fracciones de la Ley para la prevención y gestión integral de los residuos del estado de Chihuahua.
Lo anterior sin exponer los motivos que dijo “son conocidos de todos y más que obvios”, y acompañado por un grupo de jóvenes manifestantes.
QUIENES tampoco saben ya qué hacer con sus etapas de precariedad son los policías municipales que andan patrullando, quienes no cuentan con apoyo para refacciones ni para reparaciones de sus unidades. Además, ahora el jefe de turno ya les dijo que procuren comprar sus “llaves de Cruz” en el Pasito, donde las consiguen hasta en 150 pesos, porque ya es constante que deban usarlas cuando se les ponchan las llantas a las unidades.
Los agentes ya no saben qué pasa pues con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad, conocido como Fortaseg, que se supone es para certificar, capacitar y evaluar a los agentes, pero también para su equipamiento y eso incluye, desde luego, los insumos para su labor. Tampoco saben a dónde van esos recursos y si es que el Municipio tiene convenio con don Rubén Aguilar, para que los envíen a comprar su herramienta al famoso Pasito.
LOS lamentables asesinatos de mujeres que se han registrado en las últimas horas en la ciudad de Chihuahua siguen provocando fracturas internas en los grupos feministas.
Hay muchas indiferencias, y sobre todo reclamos contra la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña y de la Consejera Jurídica, Lucha Castro, quienes no dicen ni “pio”.
Quienes fueron leales adeptas a dichas mujeres con “muchos pantalones”, les reclaman que ahora no puedan mover un solo dedo, con el cual firman los cheques de nómina gubernamentales que le llegan cada quincena.
Ahora las radicales feministas las ven incluso con desprecio, cuando antes eran lideres naturales del movimiento feminista de mujeres en Chihuahua.
Por un lado están las generaciones nuevas de feministas que están pidiendo a gritos que se active la Alerta de Genero, por dos cosas, una por los asesinatos de mujeres, pero también por tratarse de un ataque político en contra del gobernador Javier Corral y por otra parte las feministas burócratas dentro de la nómina quienes piden un poco de «paciencia» para que las autoridades hagan su trabajo, de aquí ha nacido dicha fractura que ahora el dinero las mantiene divididas.
A los profesores y empleados en general de la Universidad Autónoma de Chihuahua casi se les salieron los ojos del coraje al saber que las autoridades universitarias tienen un adeudo de más de 700 millones de pesos ante Pensiones Civiles del Estado, aun y cuando a ellos si les descuentan dicho concepto.
Obviamente esto ha levantado muchas interrogantes entre los docentes, quienes exigen una explicación del porque no se había informado sobre el adeudo, pero sobre todo hacia donde está parando el dinero que les descuentan todas las quincenas directamente de su nómina para recibir el servicio médico.
Se trata de algo serio pues en cualquier momento Pensiones Civiles del Estado podría cancelar las consultas médicas, servicio de farmacias e incluso operaciones a los empleados de la UACH para darle una acalambrada al rector Luis Fierro, quien no ha dado la cara para informar donde está el dinero o a quien le está llegando.
