El agente del Ministerio Público que integró la averiguación previa en el caso de los policías de la PF acusados de extorsionar a un comerciante, fue separado de su cargo por amenazas de muerte que recibió, de acuerdo con fuentes federales a un diario local.

Ayer se conoció que por instrucción del delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad, César Augusto Peniche Espejel, el titular de la Quinta Agencia del Ministerio Público fue separado de sus funciones en prevención de una agresión, debido a que recibió llamadas amenazantes en su teléfono celular en las que le advertían que sería ejecutado por haber integrado la acusación contra los policías federales.

Anoche, Peniche Espejel rechazó la separación del agente del MP y aseguró que a la fecha no se les ha reportado ningún incidente de amenazas.

Sin embargo, de acuerdo con un funcionario de la propia delegación, las advertencias quedaron registradas en un acta circunstanciada abierta por la PGR, la cual se investigará.

Las amenazas se realizaron desde un teléfono con número desconocido, desde el cual hicieron tres llamadas con advertencias para que dejaran de “moverle” al asunto.

Desde el inicio de la averiguación previa, los encargados de la Quinta Agencia estuvieron trabajando bajo presión, ya que hubo varios extrañamientos que les hicieron desde la Ciudad de México, tratando de que el asunto no trascendiera, indicó.

Durante el domingo, personal de la PGR estuvo trabajando en la integración de otros cuatro expedientes en contra de Isaac Moreno Hernández, Nicasio García, Santiago Reyes Flores (“El Mohicano”), José Juan Fuentes Rodríguez, Ángel Miguel Cruz, Marcelo Xolo Ramírez, Raúl Carrillo Pérez, Agustín Tapia Félix, Alejandro Morales López y Olegario Hernández Ramos, por los delitos de extorsión, robo, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y allanamiento de morada.

Además se le sumarían los de violación cometidos presuntamente en contra de una comerciante, a la que también estuvieron extorsionando desde el mes de julio.

Los 10 federales acusados permanecen en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 9 Norte, ubicado en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana y hoy martes el juez Quinto de Distrito resolverá la situación jurídica después de haber ampliado el término constitucional de 72 a 144 horas, mismo que vence a las 22:30 horas. En tanto, el delegado estatal de la PGR, César Augusto Peniche Espejel, dijo que “no, de ninguna manera, no se ha dado de baja a ningún Ministerio Público, todos deben estar trabajando normalmente, y desde luego quien ha estado al frente de este asunto, sigue trabajando normalmente en las investigaciones”.

Dijo que en todo caso, si hay amenazas y si el agente del MP lo solicita se tendrá que buscar la mejor manera de protegerlo.

“Pero ni la Policía Federal, ni los elementos de las agencia investigadora han reportado la existencia de alguna amenaza por el estilo”, expresó. Dijo que en todo caso la consecuencia nunca sería dar de baja al personal por esa circunstancia, además de que esto no mermaría la investigación.

“A final de cuentas cualquier investigación no la realiza de manera exclusiva un agente del Ministerio Público, sino una institución que es la Procuraduría General de la República”, agregó.

Señaló que la denuncia sigue su curso, y como en todas las indagatorias siempre se abren varias líneas de investigación.

“Desde luego con las diligencias que se van practicando se van fortaleciendo unas y desestimando otras (líneas de investigación)”, apuntó.

Invitó a la ciudadanía a que si algún elemento policiaco lo está extorsionando acudan a poner la querella de inmediato. “Puede acudir con nosotros ha denunciar, no importa si es de la Policía Municipal, si es de la Policía Federal o de la AFI, aquí lo importante es que denuncien y nosotros vamos a llevar a cabo todas las investigaciones que sean conducentes”, aseveró Peniche Espejel.