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1 de agosto de 2012.
(CIUDAD JUÁREZ, Chih. México).
Con 64 tiendas, incluyendo franquicias, Javier Martínez, propietario de
la cadena de refaccionarias Auto Value fue obligado a pagar la 'cuota'
desde hace tres años.
Con la esperanza de algún apoyo, logró entrevistarse con la entonces
procuradora general de Justicia del Estado, hoy Fiscalia General,
Patricia Gonzalez, quien le recomendó al empresario que mejor pagara la
extorsión.
Desde ese entonces, el monto de la 'cuota' escaló de 25 mil hasta 100 mil
pesos por semana, mismo lapso que llevo su caso a otras autoridades
estatales y federales, incluyendo el ejército, pero nada se hizo. La
denuncia formal por extorsión fue hecha en la procuraduría estatal en
2009.
Ahora, Julio de 2012, Martinez solo tiene 14 tiendas operan en Juarez, de
las cuales solo dos son franquicias, debido que lo dejaron en bancarrota.
"En los últimos tres años, la economía y la cuota devastaron nuestro
negocio”. Una empresa que construimos en 30 años se la llevaron en tres
años", dijo.
La semana pasada, cansado de la extorsión, con su negocio acogido a las
leyes de protección contra bancarrota en México y Estados Unidos, Martinez
decidió no contestar el teléfono celular que los extorsionadores le habían
dado para comunicarse con ellos.
Las consecuencias fueron inmediatas: el 23 y 24 de Julio, nueve de sus
tiendas Auto Value fueron balaceadas. Nadie resultó herido, pero para
Martínez, el ataque fue la gota que derramó el vaso.
COMIENZO
Una tranquila tarde de 2009, Javier Martinez, un empresario juarense,
recibió una llamada inesperada que cambió su vida entera.
La persona al otro lado de la línea se identificó como miembros de una
poderosa organización criminal en Juarez y le ordenó empezar a pagarle 25
mil pesos semanales a la organización como cuota. De no hacerlo, la
persona le advirtió, él y su negocio sufrirían las consecuencias.
Martínez de 56 años, propietario de Auto Value, un negocio de auto partes
con tiendas y franquicias en Juárez y El Paso, decidió ignorar la orden.
Unos cuantos días después, cuatro hombres armados entraron a una de las
tiendas en Juárez y le dejaron un mensaje escrito en un pedazo de papel
que decía "llama a este número, si no lo haces quemaremos las tiendas".
Martínez no llamó y la respuesta llegó casi de inmediato: en el fin de
semana del 2 de octubre de 2009, tres de sus tiendas fueron quemadas. Ante
la nula respuesta de las autoridades de seguridad, desde entonces se pago
la cuota semana tras semana.
QUE YA BAJÓ LA EXTORSIÓN Y EL SECUESTRO
Autoridades de Chihuahua dijeron la semana pasada que la extorsión y otro
tipo de crímenes como el secuestro y los homicidios continúan descendiendo
en Juárez.
"Más de 3 mil negocios no están ya pagando cuota", dijo el fiscal de la
zona norte, Jorge González Nicolas. "Hemos metido a la cárcel a más de 200
extorsionadores en el último año".
González dijo que los ataques a Auto Value fueron una acción extrema y
desesperada de los grupos criminales, quienes estaban defendiendo lo que
piensan que es suyo. Admitió que la estructura de las organizaciones
criminales tiene varios niveles y ellos están aferrándose a su negocio
ilegal.
Dijo que están investigando las extorsiones y el ataque a Auto Value.
"Ellos han recibido dinero por tres años y piensan que les pertenece y lo
necesitan para vivir", dijo González. "Lo que hicieron fue por crear
impacto, crear terror y miedo y forzar a la gente a continuar pagando".
La extorsión a negocios es una ramificación directa de la guerra entre
carteles que ha afectado a Juárez desde 2008. Los muertos, secuestros y
extorsiones afectaron a miles de negocios en la ciudad.
EN DOS AÑOS SE CERRARON 10 MIL NEGOCIOS
La cámara de Comercio de Juárez estimó que entre 2008 y 2010 unos 10 mil
pequeños negocios fueron forzados a cerrar debido a las extorsiones.
Sin embargo, dicen, la situación ha cambiado y las extorsiones han dejado
de afectar a la mayoría de los negocios. De acuerdo con Guillermo Soria,
director de la Canaco, entre 2008 y 2010 el 60 por ciento de los negocios
afiliados sufrían por la extorsión. Actualmente, dijo, ese porcentaje esta
entre 5 y 10 por ciento.
"Creo que las autoridades están realmente atacando el problema", dijo
Soria. "Sin embargo, la gente sigue teniendo miedo de denunciar. Para la
gente que ha sido afectada a veces es muy difícil poner una demanda".
Con información de El Paso Times
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